HERNANDEZ MATEO SIGUE DECRETANDO LICENCIAS DE OBRA A FAVOR DE LA MERCANTIL EDEN DEL MAR

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El alcalde Hernández Mateo sigue decretando licencias de obra a favor de la mercantil con quien mantiene relaciones privadas por la compra-venta de sus fincas y por lo que se encuentra imputado por el Fiscal Anticorrupción.
Tres decretos han sido firmados por Hernández Mateo otorgando licencia de obras a la mercantil Edén del Mar:
3 de julio:
Licencia de obras para la construcción de bloque de 43 viviendas en C/Maestro Casanovas
6 de julio:
Licencia de obras para la construcción de bloque de 39 viviendas en C/Calera y Almudena.
18 de julio:
Licencia de obras para la construcción de bloque de 27 viviendas en C/Casanovas Esq./Almudena.
Estos tres decretos fueron de los primeros firmados por el Alcalde en este mandato. Una de sus primeras inquietudes públicas.
Los decretos autorizan el comienzo de las obras cuando dos de ellas tienen la estructura terminada. (en la imagen una de ellas)
Izquierda Unida solicitará un informe (solicitado a la secretaria general en su día) pidiendo la incompatibilidad del alcalde y la nulidad de los actos administrativos en los que haya participado el alcalde y los gerentes de la empresa Edén del Mar o sus filiales. Volverá a presentarse, al no haber sido contestado todavía hoy 9 de agosto, con las firmas de los concejales necesarios.
Izquierda Unida solicitará asimismo la declaración del alcalde al amparo de lo estipulado en la LRBRL 7/85. “Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos.”

A continuación se detalla las 4 disposiciones legales que obligan a Hernández Mateo a abstenerse de participar en expedientes públicos donde esté relacionada la mercantil con quien mantiene una relación privada mercantil.

1. Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas
Artículo Uno.
A los solos efectos de esta Ley se considerar actividad en el sector público la desarrollada por los miembros electivos de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y de las corporaciones locales, por los altos cargos y restante personal de los órganos constitucionales y de todas las Administraciones Públicas, incluida la Administración de Justicia, y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes, entendiéndose comprendidas las entidades colaboradoras y las concertadas de la Seguridad Social en la prestación sanitaria.
3. En cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley ser incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometerse imparcialidad o independencia.
Artículo Dos.
1. La presente Ley ser de aplicación a:
a. El personal al servicio de las corporaciones locales y de los organismos de ellas dependientes.
2. En el ámbito delimitado en el apartado anterior se entender incluido todo el personal, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo.
CAPÍTULO IV.
ACTIVIDADES PRIVADAS.
Artículo Once.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1. 3, de la presente Ley, el personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá ejercer, por si o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento, organismo o entidad donde estuviera destinado.
Artículo Doce.
1. En todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá ejercer las actividades siguientes:
a. El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares, en los asuntos en que este interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público.
Artículo Catorce.
El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas requerir el previo reconocimiento de compatibilidad.
La resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad, que se dictar en el plazo de dos meses, corresponde al Ministerio de la Presidencia, a propuesta del Subsecretario del departamento correspondiente; al órgano competente de la Comunidad Autónoma o al pleno de la corporación local, previo informe, en su caso, de los directores de los organismos, entes y empresas públicas.
Artículo Veinte.
1. El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores será sancionado conforme al régimen disciplinario de aplicación, sin perjuicio de la ejecutividad de la incompatibilidad en que se haya incurrido.
3. Los órganos a los que competa la dirección, inspección o jefatura de los diversos servicios cuidaran bajo su responsabilidad de prevenir o corregir, en su caso, las Incompatibilidades en que pueda incurrir el personal. Corresponde a la inspección general de servicios de la administración publica, además de su posible intervención directa, la coordinación e impulso de la actuación de los órganos de inspección mencionados en materia de Incompatibilidades, dentro del ámbito de la administración del estado, sin perjuicio de una reciproca y adecuada colaboración con las inspecciones o unidades de personal correspondientes de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales.
2. Real Decreto 2568-1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales.
Artículo 21.
Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los miembros de las Corporaciones Locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las administraciones públicas.
3. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Artículo 76.
Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los miembros de las Corporaciones locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las Administraciones Públicas. La actuación de los miembros en que concurran tales motivos implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
4. Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
CAPÍTULO III.
ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN.
Artículo 28. Abstención.
1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el número siguiente de este artículo se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.
2. Son motivos de abstención los siguientes:
A) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener
E) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
5. La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad.
Artículo 29. Recusación.
1. En los casos previstos en el artículo anterior podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.

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