EL PP PROPONE UNA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS SUPERANDO AMPLIAMENTE EL 20% DEL CONTRATO VIGENTE

EL PP PROPONE UNA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS, TRANSPORTE A VERTEDERO, LIMPIEZA VIARIA Y MANTENIMIENTO DE LA COSTA CIFRADA EN 3.791.841,11 EUROS MÁS ANUALES.
EL EXPEDIENTE 162/01 NO SE APRUEBA EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL (30-01-09) HASTA DICTAMEN DEL CONSEJO JURIDICO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y A INSTANCIAS DE LOS TÉCNICOS MUNICIPALES CONTRARIOS A ESTA MODIFICACIÓN FUERA DE LA LEGALIDAD VIGENTE

EL PP QUIERE SATISFACER EL INTERES DE LA MERCANTIL EN DETRIMENTO DEL INTERES PÚBLICO PAGANDO 15 MILLONES DE EUROS ANUALES POR EL MISMO SERVICIO CONTRATADO EN 9 MILLONES EN EL 2004
LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SUPERA AMPLIAMENTE EL 20% DEL CONTRATO VIGENTE

El expediente abierto a petición del concejal del área, Gil Rebollo, trata sobre la aprobación de 13 modificaciones del contrato suscrito con ACCIONA en el 2004 por 9.681.703,80 euros que con las subidas del IPC supera ampliamente los 10 millones de euros anuales.
La valoración de los técnicos cifra la cantidad de aumento del canon en 3.791.841,11 euros, es decir, que los ciudadanos pasarían a pagar casi 15 millones de euros por un servicio ya adjudicado y que, en varias facetas del contrato, no cumple los servicios adjudicados.
Al mismo tiempo el concejal delegado plantea pagar “atrasos” de 4.354.691,73 euros a la mercantil ACCIONA en concepto de servicios de ampliación de contrato sin que esta modificación se haya aprobado.
La Junta de Gobierno Local en reunión del 30 de enero del 2009 no aprueba la modificación debido a las reticencias de los técnicos en aprobar una modificación sin el dictamen preceptivo del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana. La JGL decide remitir el expediente al citado órgano autonómico.
La ley de contratos de las administraciones públicas (LCAP) requiere que para modificar un contrato se justifique el interés público de las modificaciones propuestas y las causas nuevas o necesidades imprevistas a la hora de redactar el contrato. En este caso no existe ninguna causa nueva, ni interés público como así lo dictaminan los técnicos en sus informes.
Para Izquierda Unida la única causa es el interés de la mercantil y del PP en aumentar los ingresos amparándose en unos servicios que ya están previstos en el contrato original. Esta alteración sustancial del contrato por vía de la modificación consensual supone un obstáculo a la libre concurrencia como así dictamina la LCAP.
Los informes técnicos municipales dejan muy claro que el interés del PP de aumentar los ingresos de la mercantil no se amparan en la legalidad ni en el interés público: es interés privado.
Es todavía mas escandaloso querer pagar mas de 4 millones de euros en atrasos de servicios ya prestados, lo que es manifiestamente ilegal y tendría que ser pagado mediante el procedimiento preferido del PP: reconocimiento extrajudicial de créditos.
Izquierda Unida pedirá explicaciones en Pleno de este nuevo episodio de beneficiar el interés privado a costa de las arcas públicas por parte del PP y se reserva las actuaciones legales adecuadas para evitar una nueva imposición a la ciudadanía torrevejense que está pagando con creces un servicio deficitario denunciado incluso por los propios trabajadores de la mercantil y exigirá que se rescinda el contrato a la mercantil por incumplimiento y se rescate el servicio para la gestión pública directa.

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