LA CÁMARA DE LOS IMPUTADOS

José Manuel Martínez Andreu

Todos los suyos se pusieron en pie para aplaudir la entrada en el hemiciclo valenciano del Molt Honorable President. Bajaba por un pasillo de manos tendidas, ávidas de abrazos, ansiosas por tocar su figura, de rozar la túnica de Milano. Su porte era el habitual: elegante; pero hoy llevaba dibujada en el rostro una sonrisa forzada, rígida y gélida. Era la faz evidente del dolor, del martirio. La bancada popular, presa de un inusitado fervor, jaleaba su paso, escenificando el muy particular vía crucis de un hombre ungido por la Imputación. Y es que en esta cámara valenciana, hoy, se adora al imputado y al diputado se le calla.
En su caminar, Camps podía ver allí, erguidos y solemnes, a los alcaldes imputados y premiados con el acta del aforamiento. En sus gestos, trascendía el orgullo de haberlo sido (imputados) antes que él; sus miradas de compasión expresaban la solidaridad de los acusados: la de los banquillos. Pensaban: «¡Ay, Francisco, ahora sabrás lo que estamos sufriendo! Ves, ya eres igual que nosotros: agraviados por las insidias de jueces cazadores y rojos calumniadores». Ellos, esos alcaldes, se presentaron a las elecciones municipales de 2007 encabezando las listas del PP en sus ciudades, con la imputación a cuestas y como aval para merecerse las autonómicas. Las urnas emitieron un veredicto de elección y ellos se jactaron de haber sido absueltos por sus ciudadanos. Esta perversión de la democracia ha sido refrendada por el conseller Blasco cuando ha proclamado que las europeas serán la resurrección de Camps y la comprobación de que Gürtel es una falacia conspirativa. Para esta subclase de políticos, la falta de ética se redime a golpe de papeleta y la impunidad se manifiesta en el escrutinio; convierten las elecciones en su bula papal y sus presuntos delitos los lavan con el Padre Nuestro de las urnas. Menuda desvergüenza. Es hora de exigir a todos los partidos políticos que aparten de sus filas a los que son acusados de utilizar su cargo público para enriquecerse y que están inmersos en un proceso judicial. Los ciudadanos cuando votan ni absuelven ni condenan, eligen entre los hombres y mujeres que se presentan a los que regirán su destino durante cuatro años. Esperan de esos electos ética, honradez, ejemplaridad, transparencia, en una palabra: cumplimiento del deber público encomendado. La soberanía popular no puede ser prostituida de tal manera que encomiende una labor pública a quien puede ser condenado por traicionarla. La condición de presunto inocente no puede sustituirse por la de presunto condenado.
El camino de Camps, el Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, llega a su fin. Ocupa su escaño allí abajo, en primera fila. Todavía le llegan los ecos de los vítores y de los aplausos. Siguen agitándose algunas manos en el tendido popular. Los alcaldes (los imputados) siguen en pie. Otean sus movimientos sin perderlo de vista en ningún momento y, sí, ahí sigue Camps, sentado en el primer sillón, silencioso y se estremecen: ¿no estará pensando en dimitir?

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