IU SE SOLIDARIZA CON LAS TRABAJADORAS DE LA LIMPIEZA DEL HOSPITAL PÚBLICO Y EXIGE A LA UTE QUE GESTIONA EL CENTRO HOSPITALARIO QUE RESPETE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

EL GRUPO PARLAMENTARIO DE EUPV PEDIRÁ EXPLICACIONES AL CONSELLER DE SANIDAD

IU CONSIDERA QUE LA SITUACIÓN DE PRECARIEDAD LABORAL ES FRUTO DE LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SANIDAD

IU TRATARÁ DE DEFENDER LA SANIDAD PÚBLICA EN EL PRÓXIMO PLENO ORDINARIO (31 JULIO) QUE INCLUYE LA MOCION PARA DEROGAR LA LEY 15/97 QUE PERMITE LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA

IU CONSIDERA LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD UNA ESTAFA AL CONJUNTO DE LA CIUDADANÍA Y EN PARTICULAR A LOS TRABAJADORES

La gestión privada de la sanidad, en sus diversas modalidades, es el mecanismo utilizado para desmantelar la sanidad pública, tanto los hospitales como la atención primaria. Un derecho básico, una forma de salario social, la sanidad, es tratada como un negocio al que exigir “beneficios”. Y así en medio del descontento de trabajadores y trabajadoras, pacientes o estudiantes, hacen fortuna los mercaderes de la salud. El Gobierno de la Comunidad Valenciana que preside Francisco Camps se ha puesto a la vanguardia de este afán privatizador.

Derogación de la Ley 15/97
La brutal política del PP valenciano de introducción masiva de empresas privadas, sobre todo constructoras, está amparado por la Ley de Nuevas Formas de Gestión, Ley 15/97, aprobada en el Parlamento estatal cuando el PP gobernaba en minoría y que contó con los votos del PP, del PSOE y de la derecha nacionalista. IU votó en contra de la Ley.
Con la libre elección de médicos, los más solicitados tendrán un plus salarial. Los incentivos a los médicos, que se aplican en el hospital de Torrevieja, implican un cambio en el modelo de Atención Primaria. Lo que se va a pagar [hasta 2.000 euros al mes] depende del descenso en las derivaciones al hospital. Es decir, si un facultativo quiere incrementar su sueldo no tiene más que asegurarle al paciente que está como una rosa, mandarle a casa y evitarle con ello un gasto al centro privado, que cobrará por esos “clientes”, hagan uso o no del servicio, un canon estimado de 44,5 millones de euros al año.

IU denuncia la falta de personal, la falta de material, y que existen muchas diferencias entre los que están contratados por estatuto y quienes vienen por contrata
IU considera que los hospitales públicos que se queden con los pacientes crónicos, o con los de bajo nivel adquisitivo, van a acabar con estos pacientes que son los que más gastan y más atención necesitan, de forma que terminarán descapitalizados, como ya ha ocurrido en otros países. Esta situación dará lugar a dos redes sanitarias: una para clases con más poder adquisitivo y otra red de beneficencia.
IU considera que la desregulación del empleo público en Sanidad y la precariedad de las plantillas de contratas y subcontratas repercute directamente en la calidad asistencial; la primera fuente de beneficio que buscan es reducir personal; la segunda, reducir pruebas.

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