El TSJ asume ya la investigación del supuesto pelotazo urbanístico del alcalde de Torrevieja

Manrique C. Sánchez en diario LA VERDAD -2/11/2007-

La juez instructora remite por fin la causa al alto tribunal al apreciar delito.

Hernández Mateo está imputado por la plusvalía de sus fincas de Almoradí.
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CRONOLOGÍA
Denuncia: EU acude al fiscal anticorrupción el 14 de abril del 2005 para acusar a Hernández Mateo de tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
Declaración: El primer edil niega los delitos y afirma que sus terrenos se revalorizaron a causa del boom urbanístico registrado en la Vega Baja.
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El avance de la vigésimo tercera edición del diccionario de la RAE incluye una cuarta acepción para el término pelotazo: «Operación económica que produce una gran ganancia fácil y rápida». Los académicos han acabado por incorporarla porque forma parte del acervo popular y está más en boga que nunca. El término define de forma muy precisa la transacción que le reportó al alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, jugosos beneficios con tres parcelas rústicas en Almoradí: las compró por 180.000 euros y las vendió años después por 5,4 millones.
Esa plusvalía está bajo sospecha. No ya en el Juzgado de Instrucción número 4 de la populosa ciudad de la Vega Baja, sino en la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Allí ha remitido la causa la instructora junto con una exposición razonada en la que enumera los indicios delictivos que aprecia en el caso, según confirmaron a este diario fuentes de la Fiscalía y del alto tribunal.
Han pasado cuatro años y medio desde que se inició la investigación por tráfico de influencias y uso de información privilegiada contra el primer edil. El asunto habría concluido su recorrido en la Audiencia Provincial de Alicante de no ser porque Hernández Mateo resultó elegido diputado autonómico por la lista del PP en las últimas elecciones, celebradas en el 2007.
Desde entonces tiene la condición de aforado y por tanto el órgano competente para encausarlo es el Tribunal Superior, como ocurrió en su día con el ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi en las diligencias del caso Mercalicante y las de los aparcamientos adjudicados a Enrique Ortiz.
Un magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ asumirá la investigación. Las fuentes consultadas por este diario no pudieron precisar si éste ya ha sido designado y ha dictado alguna resolución al respecto.
El nuevo juez podría archivar las pesquisas, lo que iría en contra del criterio de la instructora inicial y del Ministerio Público, o continuarlas para acabar procesando al imputado.
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana establece en su artículo 23.3 que corresponde al Tribunal Superior decidir sobre la «inculpación, prisión, procesamiento, en su caso, y juicio» de los miembros de Las Cortes.
El alcalde fue denunciado por EU ante la Fiscalía Anticorrupción en la primavera del 2005. La coalición sospechaba que Hernández Mateo dispuso de información privilegiada en la operación, que contó con la participación directa de la promotora Edén del Mar.
Esta empresa tiene importantes intereses urbanísticos en toda la Vega Baja y resultó beneficiada de algunas decisiones del Consistorio torrevejense.
El primer edil declaró durante dos horas ante la juez el 28 de octubre del 2005. Alegó que sus terrenos se habían revalorizado como cualquier otro debido al boom de la construcción que estaba viviendo la comarca en aquella época. Es más, «hubiera ganado más dinero» de haber retardado un poco la venta, añadió.
Hernández Mateo admitió incluso que sospechaba que las fincas iban a ser recalificadas, pero «no había nada claro, porque nadie sabe lo que va a pasar con un Plan General, que puede aprobarse o no». En cualquier caso, insistió en que los terrenos los compró con sus ahorros, sin pedir ningún préstamo. El dirigente popular lamentó entonces en declaraciones a los periodistas haber sido «objeto de un linchamiento político y mediático».

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