LA PERMUTA EL POZO DULCE SERÁ LLEVADA A LA FISCALÍA POR IZQUIERDA UNIDA ANTE EL SILENCIO DEL PP DURANTE EL PLENO DE FISCALIZACIÓN

EL PP DILAPIDA EL PATRIMONIO PÚBLICO. IZQUIERDA UNIDA ESTIMA EN 2 MILLONES DE EUROS EL SALDO PÚBLICO NEGATIVO DE LA PERMUTA

EL PP ACEPTA UNOS TERRENOS DE LA MERCANTIL EN GREGORIO MARAÑON OCUPADOS DESDE HACE MAS DE 30 AÑOS Y LOS VALORA A 3.000 EUROS EL M2 (82 M2 DE VIAL VALORADOS EN 245.000 EUROS)

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el ayuntamiento de Torrevieja denuncia ante la opinión pública una operación de permuta de parcelas, privadas por públicas, llevada a efecto entre el ayuntamiento y un particular y que resulta gravemente dolosa para nuestra ciudad.
Con el fin de que la operación de intercambio apareciera como “equilibrada”, el ayuntamiento no dudó en incluir en la operación, y abonar, unos terrenos ocupados hace cuarenta años para la ampliación de una calle (Calle Gregorio Marañón).
La permuta fue aprobada en el año 2007 pero el alcalde ha esperado hasta hace unos días para permitir que el plenario de la corporación pudiera llevar a cabo la fiscalización del expediente sin que el equipo de gobierno respondiera a esa fiscalización: la callada por respuesta.

Crónica de la permuta
A mediados del año 2000, un conocido industrial del sector del automóvil se dirigió al alcalde ofreciendo al ayuntamiento parte de unas parcelas de su propiedad, una de ellas adquirida unos meses atrás, porque “el Ayuntamiento de Torrevieja le ha manifestado su interés en ejecutar viales de servicio…” En ese mismo escrito solicitaba que el ayuntamiento llevara a cabo la operación mediante la permuta de otra parcela municipal, que no se especificaba, en el plazo máximo de un año. Si transcurrido dicho plazo la permuta no se ha ejecutado, sigue proponiendo el solicitante, “el Ayuntamiento se compromete formalmente a indemnizar a la parte cedente a razón de 210,38 euros el metro cuadrado”. La indemnización de los 2.000 m2 de viales se cifra en 334.000 euros.

Cinco meses después, sorprendentemente, el alcalde Pedro Hernández y el particular firman un convenio que calca las condiciones impuestas por el segundo, palabra por palabra.

Cabe destacar que en dicho documento no se indica qué parcela del patrimonio municipal va a entregar el ayuntamiento. Igualmente hay que hacer un pequeño detalle sobre los supuestos viales que el ayuntamiento “tiene que ejecutar” y que ocupan parte de las parcelas privadas.

Uno de ellos es el vial de servicios de la avenida de las Cortes Valencianas, en la entrada norte de la población, y cuyas obras de urbanización se hicieron hace dos décadas, aproximadamente. Aquellas obras consistieron en ampliar la antigua N-332, dotándola de viales de servicio paralelos a la vía. Los viales se ejecutaron a costa de la cesión gratuita de terrenos por parte de sus propietarios que, además, tuvieron que hacerse cargo de parte del coste de la urbanización de la zona, y que dio lugar a numerosas reclamaciones que terminaron en los tribunales. Cuando el particular solicitante de la permuta adquirió la parcela ya tenían casi veinte años los viales que según el ayuntamiento, en el año 2000, “tiene que ejecutar”. El único propietario retribuido pasa a ser esta mercantil con la permuta de terrenos propuesta y aprobada.

A juicio de IU resulta sorprende igualmente, el hecho de que un particular adquiriera una parcela que en el Plan de Ordenación Urbana estaba calificada como de “equipamiento público” y, por tanto, sin valor urbanístico privado al no permitir ninguna construcción privada de ningún tipo.

El caso de la segunda parcela ofrecida en el 2007, después de ser aprobar la permuta por la junta de gobierno local e, igualmente para “ejecutar viales”, es más que estrambótico. Primero por ofrecerse después de ser aprobada la permuta por junta de gobierno local y rectificado en otra sesión posterior al comprobar que el resultado de las valoraciones de las fincas se saldaba con un ingreso a favor del ayuntamiento de 460.000 euros pero en este caso, el particular pone a disposición del consistorio un terreno que ya ocupa desde hace 40 años aproximadamente. El terreno consiste en una pequeña franja de ochenta y dos metros cuadrados que también forma parte de una vía pública, en la avenida Gregorio Marañón, cuya construcción data aproximadamente de finales de los años sesenta o principios de los setenta del pasado siglo. Han pasado alrededor de cuarenta años. Dado que el Código Civil en su artículo 1959 considera que la prescripción ordinaria del dominio sobre estos bienes se produce, como máximo, a los treinta años, llama la atención el informe técnico al respecto del asunto: “para que se hubiese producido la adquisición de la parcela (por la vía de la prescripción) tendría que haberse producido la posesión del Ayuntamiento, como vial público, por un plazo no interrumpido de 30 años, circunstancia que el Ayuntamiento no puede acreditar, por lo que procede la celebración de cualquier otro negocio jurídico formal para su adquisición.” Produce cierta vergüenza que un ayuntamiento no pueda determinar el tiempo en que se hicieron unas obras públicas, salvo que nos remontáramos a épocas en las que no se dejaba constancia escrita de estas actuaciones de las administraciones y, para, eso habría que irse unos cuantos siglos atrás…

Y el negocio jurídico formal al que llegan ambas partes, ayuntamiento y particular, es el de la permuta de las parcelas ofrecidas por una que se incorpora al patrimonio municipal en diciembre de 2006, procedente de un expediente de reparcelación. El acuerdo lo toma la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja el día 7 de septiembre de 2007.

Curiosa es también la valoración hecha de los terrenos. En el caso de los terrenos ocupados por el vial de la avenida de las Cortes Valencianas, los alrededor de 2000 metros cuadrados costaron al Ayuntamiento unos 700.000 euros (los mismos que fueron ofrecidos por 334.00 euros). Y los ochenta y dos metros de la otra avenida han sido valorados, cuarenta años después, en más de 240.000 euros (3.000 euros el m2 de vía pública).Valores muy por encima de su valor catastral actual y, por supuesto, del valor de mercado si tenemos en cuenta el nulo aprovechamiento urbanístico de los terrenos afectados. Para rematar la esperpéntica faena, a estas cantidades hubo que sumar otros 73.330 euros en concepto del retraso de siete años que se produjo en la ejecución del convenio de permuta.

Tuvieron que pasar unos meses para que el acta de aquella sesión y la documentación que conforma el voluminoso expediente llegara a los grupos de la oposición. El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha necesitado más de dos años para que el asunto llegara hasta el pleno de la corporación, único órgano donde los concejales de la oposición pueden intervenir. La petición de IU fue registrada en febrero del 2008.

Pese a que ha pasado ya mucho tiempo desde que se tomó el acuerdo de formalizar esta permuta, los concejales de Izquierda Unida queremos que los ciudadanos torrevejenses sepan cómo se gestionan nuestros recursos y cómo se dilapida nuestro patrimonio. Consideramos que operaciones como esta hacen sospechar de la existencia de intereses particulares en quienes, por el puesto que ocupan, deberían ser más escrupulosos.
La mercantil adquirió las fincas privadas permutadas en agosto del 99 y, según escrituras el precio pagado fue de aproximadamente: 500.000 euros. En el 2007 su valor para efectuar la permuta es de 2.069.473 euros. La parcela pública fruto del 10% de aprovechamiento de la reparcelación del sector 13-A es valorada en: 2.536.054 euros. Es decir que lo que se pudo adquirir por 500.000 euros se adquiere ahora por 2 millones de euros más de dinero público.

Dado que en el procedimiento se obviaron trámites legales como el que dicho expediente fuera dictaminado por la comisión informativa correspondiente, este podría ser nulo de pleno derecho.

Izquierda Unida en defensa de los intereses públicos someterá este expediente al juicio del Ministerio Público (Fiscalía) por si es constitutivo de algún delito contra la administración pública.

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