EL TEATRO MUNICIPAL Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA MIGUEL HERNANDEZ CUESTAN A LAS ARCAS PÚBLICAS 3.238.798 EUROS MAS DE LO PREVISTO EN LA ADJUDICACIÓN

La adjudicación se hizo por 6.429.191.euros a Acciona Infraestructuras, S.A. y ahora el mismo técnico director de obra que firmó el acta de ocupación pide 9.667.989,44 euros 4 años después

EL ALCALDE PROPONE PAGAR 4.555.707 EUROS CUANDO LOS INFORMES DESTACAN QUE ES EL CONTRATISTA EL QUE DEBE ASUMIR EL COSTE AL NO SER COMPROBABLES LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS 4 AÑOS DESPUÉS Y SUPERAR AMPLIAMENTE EL 20% LEGAL

Este expediente, claramente ilegal, puede ser constitutivo de delitos contra la administración pública, como el de prevaricación y malversación de fondos públicos.
Izquierda Unida lo llevará ante la justicia al considerarlo una estafa a la ciudadanía

El PP, una vez más, incumple la legalidad vigente en materia de contratación en la administración pública y a sabiendas de que lo hace, según informes de los técnicos municipales y del Interventor del ayuntamiento.
El acta de la Junta de Gobierno Local del 4 de febrero 2011 recibida en el grupo municipal de IU el 22 de marzo, relata un episodio de vulneración de todos los preceptos de garantía en la contratación pública. El punto de Ruegos y Preguntas, el 24 del orden del día, tiene esta sorpresa puesto que, como de costumbre, estas prácticas ilegales no se anuncian en dicho orden del día, para escapar a primera vista de la fiscalización. De la lectura del acta y de los informes hacemos desde IU el siguiente extracto:
El acta de ocupación del teatro municipal y de la plaza Miguel Hernández se firma el 28 de junio del 2006 “de conformidad por el técnico municipal junto con el resto de técnicos competentes y el Sr. Alcalde, sin que se reseñaran defectos, ni instrucciones técnicas para subsanarlos.”

Destacar del informe de secretaría general en cuanto a la desviación del coste de la obra, muy superior a lo legalmente establecido, es decir, el 20% del valor de adjudicación:

“…se trata de hechos consumados, sí podrían derivarse responsabilidades, tanto del técnico redactor del proyecto, de quién lo supervisó, …… no se ha respetado los principios de la contratación de las Administraciones Públicas.”

El Director de las Obras presenta 5 años después, el 27 de diciembre del 2010, un coste de obras “ocultas” superior al de adjudicación en 4.555.707 euros aduciendo que “las obras ejecutadas de más no son comprobables porque han quedado ocultas en el resto de la obra.” INAUDITO.

También literalmente el mismo director de obra, que firmó en el 2006 el acta de ocupación sin reparos, expone sin rubor “corresponde a la dirección de obra-es decir él mismo-fijar la corrección de los precios por no obedecer a procedimiento alguno-es decir no hay contrato-puesto que fue quién ordenó la ejecución de las obras ahora ocultas.” Pide un acto de fe a la administración y que pague porqué así lo dice él. Lo verdaderamente preocupante es que el PP le paga con dinero público.

La respuesta del técnico municipal informante:

“Como supervisor del expediente entiendo que la problemática oculta del proyecto debería haber sido abordado por el redactor del mismo, por lo que no supone justificación alguna de las desviaciones, existiendo siempre en cualquier caso, un procedimiento para la modificación del contrato.” Mal claro agua.

En conclusión y de la literalidad de los informes se concluye tajantemente:
El expediente de referencia adolece del vicio de nulidad por incumplimiento de la legislación contractual aplicable en la materia así como la presupuestaria.
Se han realizado obras sin la tramitación del expediente correspondiente de contratación.
La plica adjudicataria no contempla modificación alguna al proceso constructivo propuesto en el proyecto, debe entenderse que cualquier variación del mismo debe recaer bajo el riesgo y ventura del contratista.
Si no recibía el adjudicatario orden de la administración contratante para las modificaciones complementarias y las realizó pidiendo su abono, la administración quedaría a merced del criterio del contratista y no debería hacerse cargo del pago de aquello que la propia administración no encarga e incluso desconoce.


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